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sábado, 6 de agosto de 2016

La necesidad de cambios sustanciales en el tratamiento jurídico del adolescente en conflicto con la ley penal, en: periódico argumentos. http://argumentos.com.co/

Menos punitivismo ideológico y más procesos de educación e integración social del adolescente en situación de vulnerabilidad.

En el transcurso del último mes, nuevamente, se ha planteado en los medios de comunicación la preocupación de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y otras instituciones de control social por la creciente participación de los adolescentes en la comisión de delitos, muchas veces al amparo de bandas organizadas o estructuras criminales. En consecuencia, se ha argumentado en favor de realizar procesos de control punitivo más “eficientes”  mediante la imposición de sanciones “ejemplares” y la creación de nuevas leyes de con-trol penal, especialmente dirigidas  a los jóvenes menores de edad que entran en conflicto con la ley penal.

El propósito de esta columna es poner en discusión el enfoque dado a la problemática del delito juvenil y de-mostrar que la “preocupación” planteada no es ninguna novedad, como tampoco es acertado el remedio mágico que siempre se invoca para solucionar un problema estructural, esto es el tratamiento punitivo y la sanción penal para un problema social que requiere una atención diversa, de políticas públicas de fondo y no del discurso ideológico de defensa social.
De acuerdo con las cifras oficiales del DANE, en el año 2015 la población colombiana entre 14 años y menor de 18 era de 3.444.640. De esta tasa poblacional los adolescentes que por algún motivo ingresaron al SRPA este año, con corte al 30 de abril de 2016, correspondió a 8.297 adolescentes, lo cual corresponde a un 0.24% del total de la población: de éstos, son sancionados alrededor de 3.671, lo que equivale a un 0.11%.
Desde el punto de vista histórico los datos estadísticos del ICBF muestran dos circunstancias que vale la pena examinar con detenimiento. De una parte, desde que inició el sistema se ha venido incrementando la cifra de menores de edad que han ingresado al mismo, de 4.018 que ingresaron en el año 2007 se ha pasado 25.962 en el año 2015 y a 8.495 en lo que va del año 2016 con corte al 30 de abril. De esta manera evidenciamos que el SRPA ha ido generando e incrementando la población que hace parte del mismo, en la medida que comparadas estas cifras con las tasas de reincidencia, 20% en los últimos tres años, se puede observar como el SRPA va aumentando la población que empieza a hacerse su “cliente” habitual. Esta circunstancia es similar en el sistema de adultos, que desde la implementación del modelo actual ha ido incrementándose anualmente.
En segunda medida, las cifras de los últimos tres años han mostrado una ligera disminución de los adolescentes que ingresan al SRPA, siendo el histórico más alto el del año 2013 con 30.843 adolescentes, en el 2014 bajó a 29.737 y en el 2015 a 25.962. De manera que las cifras contrastan con la opinión planteada en los medios de comunicación y por las instancias oficiales que pregonan, de manera constante, el aumento de la participación de los adolescentes en delitos, incluidos los delitos más graves, pues si bien la constante estuvo en aumento los primeros años, lo cierto es que la tendencia se mueve a la baja, aunque la reincidencia se mantiene con una tendencia a perpetrar delitos más graves a los que cometieron cuando ingresa-ron al sistema.
Se deben considerar e investigar dos circunstancias que no han sido previstas en las políticas de prevención y tratamiento de los adolescentes que entran al sistema. En primer lugar, los delitos se cometen bajo los efectos de estupefacientes u otras drogas o se cometen para conseguir recursos para el consumo, de manera que estamos ante un grave problema de salud que se debe atender antes que penalizar. Incluso, algunos jóvenes son llevados ante el juez de control de garantías bajo los efectos de las drogas y así aceptan los cargos que se les imputan, el 90.01% aceptan cargos. En segundo lugar, se debe insistir en programas post-egreso del sistema, que impidan al adolecente reincidir en la conducta o retornar al contexto en que la cometió, bien sea en iguales o peores circunstancias. A la ausencia de políticas de seguimiento al egresado se suma la falta de investigación empírica que muestre la correlación que existe entre los adolescentes que salen del sistema y que cumplida la mayoría de edad entran al sistema de adultos. Actualmente en el sistema penal de adultos hay privadas de la libertad  21.444 personas cuyas edades oscilan entre los 18 y los 24.
Los delitos que más cometen los adolescentes son el hurto y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, aunque en las estadísticas no se especifica la modalidad, estas dos conductas equivalen al 68% del histórico del SRPA. Luego le siguen las lesiones personales (9%), delitos sexuales (5%), el porte de armas de fuego (7%), violencia intrafamiliar (4%), y violencia contra servidor (2%). El homicidio apenas alcanza un histórico del 2% desde que inició el sistema, los demás delitos tienen menor frecuencia, tal como sucede con la extorsión, el terrorismo, el concierto para delinquir.
En contraste con lo anterior llama la atención la forma como se suelen presentar las noticias sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal. En algunos casos, se dice que son “criminales peligrosos”, en otros, que se trata de jóvenes líderes de organizaciones delictivas, que pertenecen a bandas criminales o que son usados por éstas. En los casos de delitos comunes como el hurto o el hurto calificado se piden penas ejemplares, más privación de la libertad, o se acusa a la Ley de Infancia y Adolescencia de ser una ley de impunidad, de “penas” laxas o de mínimo efecto en la seguridad, por lo que se apela a la supuesta necesidad de penas fuertes, más altas, e inclusive, se argumenta que esta es la mejor forma de evitar la utilización de los adolescentes en la comisión de delitos.
La preocupación por la comisión de conductas tipificadas como delito por parte de los adolescentes no es nueva, pero si equivocada. En efecto, desde hace algunos años los medios de comunicación y las instancias de control social denuncian la participación de los adolescentes en delitos como el homicidio, la extorsión, la participación o su uso por parte de organizaciones  criminales, el tráfico de estupefacientes, el hurto de celulares, entre otros. Sin embargo, lo observado muestra que la frecuencia más alta es de hurto y porte de estupefacientes.
Lo primero que se debe advertir frente a la postura generalizada de penalidad y demanda de punibilidad es que desconoce el marco normativo internacional y convencional que busca superar toda concepción positivista del adolescente como sujeto peligroso y de la sanción como medida punitiva. La normatividad y el consenso internacional sobre el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal están orientados a la responsabilidad, pero desde una perspectiva pedagógica y restaurativa de la sanción, lo cual implica que las sanciones educativas y las medidas restaurativas de la Ley de Infancia y Adolescencia no buscan penar o castigar, sino que buscan la reparación del daño y la educación del adolescente para que no incurra en conductas prohibidas.
El problema de las malas políticas de prevención del delito de los adolescentes y la percepción de inseguridad ligada a la construcción mediática de un adolescente peligroso socialmente, llevan a desconfiar del sistema actual y a su endurecimiento a través de la demanda de penas en sentido estricto, de manera que se acude a criterios de retribución, de aumento de penas, o del endurecimiento de las mismas como remedio a los problemas de seguridad ciudadana. Es precisamente esta solución a la que denominamos ideológica, en cuanto que con ella se dice resolver el problema de la seguridad, pero la política planteada no ataca las circunstancias de las que surge el delito y tampoco se acude a pro-gramas de decidida prevención. Sin embargo, se engaña a la ciudadanía al hacerle creer que el solo aumento de penas acaba con el problema social.
Desde el punto de vista constitucional, en Colombia no se puede comprender la sanción de un adolescente privado de la libertad como una pena, sino que su concepción es eminente-mente pedagógica y restaurativa del derecho, sin embargo, materialmente y en la práctica del mundo de la vida, la privación de la libertad en nuestro medio carece de esas condiciones educadoras y es una pésima reproducción, en la mayoría de los casos, del sistema de adultos o de violación de derechos fundamentales, tal como lo expuso la Defensoría del Pueblo en el informe presentado ante el Congreso en 2015.   
Como quiera que en la realidad el tratamiento ha sido más punitivo que educativo, no todos los adolescentes privados de la libertad adquieren las herramientas que les permitan plantearse un proyecto de vida, de manera que una vez egresan del sistema sus oportunidades son totalmente limitadas.   Así las cosas, consideramos que se deben buscar alternativas al punitivismo y la sanción penal, que no son la solución a un problema social que debe tratarse desde la prevención y las políticas publicas, pues de lo contra-rio,  se producirá el aumento de la criminalidad. En efecto, si se sigue penalizando e invocando el punitivismo, lo más seguro es que la población más joven que  ingresa al SRPA, y que al egreso no encuentra programa alguno que le permita reorientar su vida, continué delinquiendo, consumiendo drogas e inicie la carrera criminal desde el propio sistema. Alimentando las fauces del ya deteriorado e inconstitucional sistema penal de adultos.
En una próxima oportunidad ex-pondremos las circunstancias en las que los jóvenes adolescentes cumplen las medidas privativas de la libertad. Seguramente encontremos que no es cierto que las penas de los adolescentes son del todo dulces, laxas o suaves, como se pregona para aumentar y transformar su punibilidad.

jueves, 16 de julio de 2015

EL CONCIERTO PARA DELINQUIR

No toda conducta que se realice entre dos o mas personas, configura el delito de concierto para delinquir. Éste requiere de unas características muy específicas, las que han sido desarrolladas en la jurisprudencia constitucional, de la siguiente manera:   
Apartado textual de la jurisprudencia constitucional: C-334 de 2013. 



EL CONCIERTO PARA DELINQUIR: Características generales

El concierto para delinquir se define como la celebración de un convenio con la finalidad de la organización de una sociedad que tiene por objeto asumir la actividad delictiva como su negocio, como su empresa:

“El concierto para delinquir en términos generales se define como la celebración, por parte de dos o más personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad trasciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito, se trata de la organización de dichas personas en una societas sceleris, con el objeto de asumir con proyección hacia el futuro la actividad delictiva como su negocio, como su empresa, la cual, valga aclararlo, dado su objeto ilícito se aparta de los postulados del artículo 333 de la Carta Política que la reivindica y protege; lo anterior significa que no existe acuerdo previo entre sus miembros sobre los delitos específicos que cometerán, como tampoco sobre el momento, el lugar o las personas o bienes que se afectarán, si sobre lo que será su actividad principal: delinquir. Es decir, que la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia, que el pacto o acuerdo que celebran sus integrantes es para desarrollar actividades contrarias a la ley, previa distribución entre sus miembros de acciones y responsabilidades que se complementan para alcanzar un fin. Este tipo de organizaciones al margen y contra la sociedad, cuyo objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico, obviamente constituyen un peligro para la tranquilidad colectiva y atentan contra la seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretenden proteger con su represión y castigo.”[1].

De esta manera, el concierto constituye una empresa criminal que tiene por objeto la realización de un grupo indeterminado de delitos y que debe distinguirse de la coautoría para la comisión de varios delitos determinados[2]. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que para la configuración del delito de concierto para delinquir es necesario que el acuerdo verse sobre la realización de un número plural de actos para cometer varios delitos con continuidad y permanencia:

“La acción incriminada consiste en concertarse para cometer delitos, que se traduce en la existencia de un acuerdo de voluntades para la realización de actos delictivos indeterminados, que en manera alguna puede ser momentáneo u ocasional, esto es, debe ostentar continuidad y permanencia, entendidas no como una duración ilimitada de ese designio delictivo común, sino como la permanencia en el propósito contrario a derecho por parte de los concertados, que se proyecta y renueva en el tiempo mientras la asociación para delinquir persista.” [3]

El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, conformada por un grupo de personas que se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos[4][5] y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes jurídicos[6]. 

En consecuencia, lo esencial en el concierto para delinquir es la organización de una empresa criminal sin que sea necesario para su configuración alcanzar el cumplimiento de los fines criminales propuestos por la organización, por lo cual se consuma con el solo acuerdo[7], pues se trata de un delito de peligro contra la seguridad pública[8]. En este sentido, el concierto para delinquir es un delito independiente y distinto de los delitos específicos que comete la organización, los cuales podrán ser sancionados de manera autónoma. 

De esta manera, se exige que se de una determinación hacia la actividad ilícita pero sin llegar a la precisión de cada acción en tiempo y lugar[9]. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha señalado igualmente que, a diferencia de la coautoría, en el concierto para delinquir el objeto del mismo es la realización de un grupo indeterminado de actos: 

“En el concierto, la acción incriminada consiste en asociarse para cometer delitos, que se traduce en la existencia de un acuerdo de voluntades con permanencia en el tiempo. En la coautoría ese arreglo voluntario puede ser momentáneo u ocasional; pues la comisión del ilícito constituye la consecuencia de un querer colectivo que se manifiesta en la decisión y realización conjunta de la acción típica determinada de antemano en toda su especificidad, bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en la ley – coautoría propia-, o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva”[10]. 

En este sentido, el concierto para delinquir requiere un ánimo de permanencia: “Es decir, que la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia, que el pacto o acuerdo que celebran sus integrantes es para desarrollar actividades contrarias a la ley, previa distribución entre sus miembros de acciones y responsabilidades que se complementan para alcanzar un fin. Este tipo de organizaciones al margen y contra la sociedad, cuyo objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico, obviamente constituyen un peligro para la tranquilidad colectiva y atentan contra la seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretenden proteger con su represión y castigo”[11]

De esta manera, se puede concluir que el concierto para delinquir exige tres (3) elementos constitutivos esenciales: “el primero la existencia de una organización que con carácter permanente tenga como objetivo lesionar intereses o bienes jurídicos indeterminados; el segundo que los miembros de dicha organización lo sean en virtud de un acuerdo de voluntades que los une para alcanzar dicho objetivo; y el tercero que la expectativa de la realización de las actividades que se proponen sus miembros, pongan en peligro o alteren la seguridad pública”[12].


Vea la sentencia completa en: 



[1] Sentencia de la Corte Constitucional C-241 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
[2] Sentencia de la Corte Constitucional C-241 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
[3] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 23 de septiembre de 2.003. Radicado 17083. M.P. Jaime Tamayo Lombana.
[4] CÓRDOBA RODA, J. / GARCÍA ARÁN, M.: Comentarios al Código Penal, Parte Especial, Tomo II, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 2444.           
[5] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 22141. M.P.: Mauro Solarte Portilla, sen. Sda. inst. sep. 23/03 Rad. 17089: “El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, así esta sea rudimentaria, conformada por un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes jurídicos bajo circunstancias no necesariamente singularizables, “bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en la ley –coautoría propia-, o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva”.
[6] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 22141. M.P.: Mauro Solarte Portilla, sen. Sda. inst. sep. 23/03 Rad. 17089: “El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, así esta sea rudimentaria, conformada por un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de delitos y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes jurídicos bajo circunstancias no necesariamente singularizables, “bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en la ley –coautoría propia-, o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva”.
[7] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No 22141. M.P.: Mauro Solarte Portilla: La conducta en comento, de otra parte, constituye una forma autónoma de delincuencia, de manera que para su configuración no es necesario alcanzar el cumplimiento de los fines criminales propuestos por la organización, ya que se consuma “por el simple acuerdo, y la reacción punitiva se da ‘por ese solo hecho’, como se expresa en la descripción típica, de suerte que el delito de concierto para delinquir concursa con las conductas punibles que sean perpetradas al materializarse el elemento subjetivo que lo estructura”.
[8] Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del veinticinco (25) noviembre de dos mil ocho (2008) (Proceso No 26942) y del quince (15) de septiembre de dos mil diez (2010) (Proceso n.º 28835).
[9] CÓRDOBA RODA, J. / GARCÍA ARÁN, M.: Comentarios al Código Penal, Parte Especial, Tomo II, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 2444.           
[10] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 23 de septiembre de 2.003. Radicado 17083. M.P. Jaime Tamayo Lombana.
[11] Sentencia de la Corte Constitucional C-241 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
[12] Sentencia de la Corte Constitucional C-241 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

jueves, 25 de junio de 2015

Hostilidades de un Sistema Fallido. Por: Juan David González Mendoza






Hostilidades de un Sistema Fallido. 



La crisis actual del sistema carcelario es inminente, no solo en Colombia o en los mal denominados “países del tercer mundo” sino en el globo en general, su existencia como institución integrada dentro del ámbito del poder estatal es refutada por fuertes corrientes teóricas y por la misma realidad. Es por esto que en el presente artículo se realizará una reflexión en dos perspectivas, una desde un punto de vista jurídico y doctrinal dentro del campo de la función social que cumple y la que debería cumplir sistema carcelario; por otro lado se analizará cómo es en realidad el efecto de esta institución en los sujetos que de alguna u otra forma están estrechamente relacionados con ella y la percepción social de la misma pero desde una postura más personal que tiene en cuenta a cada una de las posiciones de los individuos y de introspección basada en la experiencia personal. Todo lo anterior se desarrolla a partir de la visita a la Cárcel La Modelo de Bogotá.


Dimensión normativa como guía de interpretación del deber ser penitenciario. 


Si nos guiamos por el texto Superior, se debe garantizar los derechos humanos aun cuando el sujeto se encuentre privado de la libertad pues el hecho que haya incurrido un error no lo exime de su condición como sujeto de derecho ni de ser humano, simplemente como consecuencia del injusto cometido se le restringen ciertos derechos en busca, dependiendo de la teoría de la pena desde que se analice, de una retribución social, la corrección y resocialización del sujeto. Es necesario hacer énfasis en que jurídicamente por la comisión de un delito, por más atroz y reprochable que haya podido ser, se tiene que respetar los derecho humanos y los derechos fundamentales de la dignidad y la integridad de los individuos.

Es claro que una de las funciones y expresiones más importantes del poder estatal es la coerción, la capacidad de disponer mandatos jurídicos y sancionar el no cumplimiento de los mismos, tener el ejercicio de la fuerza siendo el derecho su herramienta por excelencia para tal fin; sin embargo el límite a ese poder estatal es ámbito personal de cada miembro de la sociedad, su desarrollo como sujeto en condiciones “humanas”.
El Código Penal -Ley 599 de 2000-  establece que la función de la pena es la de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado (artículo 4) y, frente al tema principal que nos concierne, expone que la medida de seguridad, la restricción del derecho fundamental a la libertad por parte del Estado, está dado por las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación.

La Corte Constitucional, por su parte, ha desarrollado una línea jurisprudencial por la cual señala y protege los derechos fundamentales de los internos y los sindicados; en la sentencia T-213 de 2011, Magistrado ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, determina que los derechos fundamentales de los reclusos pueden clasificarse en tres grupos: i) derechos intocables que hacen referencia a aquellos que son inherentes al ser humano y no pueden suspenderse ni limitarse, aun cuando su titular se encuentre privado de la libertad. Dentro de este grupo de derechos se encuentran la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad, libertad religiosa y debido proceso; el otro grupo es el de ii) derechos suspendidos por la pena impuesta, entre estos derechos están la libertad personal y la libre locomoción. Por último, están iii) derechos restringidos, que “son el resultado de sujeción del interno para con el Estado”, dentro de este grupo se encuentran el derecho al trabajo, a la educación, a la intimidad personal y familiar, de reunión, 
asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.

Frente a estas disposiciones de la Corte Constitucional se puede evidenciar una contradicción frente a la función social y personal que, se supone, cumple los centros penitenciarios. Si la intención del sistema carcelario y penitenciario en apoyo del sistema penal, es el aislamiento del infractor de las dinámicas sociales en condiciones normales, para la protección de la misma sociedad y los demás sujetos, pero también lo es la corrección del sujeto y su posterior resocialización, es incongruente que a la persona se le restrinjan derechos que son inalienables como lo son el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión; en particular estos dos derechos no deberían ser restringidos, ya que en la misma línea de interpretación de dicho Despacho, en la sentencia T-1275 de 2005, se afirma que si bien la pena privativa de la libertad implica una drástica limitación de los derechos fundamentales del recluso, esta limitación “debe proceder dentro de los términos estrictamente necesarios para lograr los fines de la pena” (M.P. Dr. Humberto Sierra) por lo cual una limitación adicional configura un exceso y una violación a los derechos de los internos. Bajo esa perspectiva, no puede existir la limitación de los derechos suscitados como lo entiende la Corte Constitucional, pues esto configura un exceso y una violación a derechos fundamentales inalienables de los seres humanos que no pueden ser suspendidos ni limitado, a pesar de la relación jurídica de predominio del Estado sobre el preso, el Estado debe respetar y garantizar.

El derecho a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad en un recluso pueden entenderse como condicionados por las reglas penitenciarias, las condiciones de reclusión, el cumplimiento de la disciplina en los centros, y demás condiciones fácticas de una persona sometida a la privación de la libertad, pero no se le puede dar la facultad al sistema de reclusión de ‘restringir’ los derechos. Es claro que la en los centros penitenciarios existen pautas diferentes, pero la limitación de estos dos derechos no es diferente –aparte de lo anteriormente mencionado- al acondicionamiento del ejercicios de los mismos derechos por parte de una persona que goza de su libertad, pues este también se encuentra sujeto a las condiciones y reglas sociales y jurídica. Para explicar este punto con mayor claridad, es válido traer a colisión la orientación sexual de las personas; en este punto es claro, y es deber de la sociedad ser consecuentes con los principios que la rigen, el que se debe ser respetada, sin embargo en la mayoría de los centros es violado este derecho al prohibirle a la persona tener relaciones o visitas conyugales del mismo sexo o que es diferente a la orientación mayoritaria.
Puede que llegase a mal entenderse el punto tratado con la censura al derecho de la libertad sexual, pero hay que tener en cuenta que esta hace parte del libre desarrollo de la personalidad y en parte a la libre expresión, sin embargo no es una situación menor ya que tácitamente el Estado le está negando su derecho a desarrollarse como el sujeto lo desee, le está diciendo que su orientación sexual está mal y que por tal se le prohíbe; la connotación es perversa y sus efectos en la sociedad y en cada individuo aún más. La contradicción no se reduce solamente al ámbito sexual, también en las convicciones personales que son ajenas a las conductas punitivas.
Es cierto que el Estado debe ejercer su función de coacción en cada sujeto y en el marco de la temática presentada, en cada sujeto que ha cometido una conducta desviada que configura la pena de la libertad con mayor razón, empero no se puede facultar para definir determinada moralidad definiendo que es lo bueno y lo malo y excusarse en la corrección y la búsqueda de la resocialización de los sujetos para que, en palabras Foucaultianos, moldee a los individuos basados en temas de consciencia y moralidad establecidos por el mismo sistema.

Ahora se analizará la materialización de los derechos de las diferentes categorías que presenta la Corte Constitucional.

No es un secreto que el sistema penitenciario y carcelario se encuentra en una profunda crisis, se han convertidos en centros de violaciones de derechos, de degradación de las condiciones humanos, desinterés y de aparente invisibilidad. El primer principio que se viola es el de presunción de inocencia al encontrarse recluidas personas sindicadas con medidas de seguridad y quienes han sido condenados, hecho que se presenta y se pudo evidenciar en la cárcel La Modelo; a pesar de que es una muy delicada violación a las garantías Constitucionales, no es la más atroz, existen violaciones a derechos humanos y contra la integridad de las personas retenidas que son inadmisibles en un Estado Social de Derecho, y en general en cualquier forma de Estado que sea legítimo.
El hacinamiento actual de las Cárceles en Colombia (cerca del 300% por encima del límite) es aberrante; este solo hecho hace que las condiciones de vidas de quienes se encuentran en estos lugares baje drásticamente por la salubridad, comodidad, alimentación, recursos, etc., hasta tal punto que no se llegan a dar ni siquiera los mínimos para la vida, dignidad humana e integridad. Cabe resaltar que el ordenamiento colombiano se basa en el principio y derecho de la Dignidad Humana, siendo el único derecho absoluto dentro de todo el sistema jurídico. La colisión del sistema penitenciario con el derecho de mayor relevancia es evidente, lo cual haría que se desarrollaran políticas o buscaran soluciones para armonizar el concepto penitenciario para que fuera acorde con la  Constitución, sin embargo es una cuestión que a pesar de que el conjunto de la sociedad reconoce no existe un verdadero interés para solucionar.

Dimensión subjetiva u opinión personal.

Sin apartarme de la concepción jurídica, hay una situación que en mi opinión es mucho más preocupante y resulta más dramática y es la deshumanización de los sujetos por parte del sistema y la indiferencia social ante ello. 

En diferentes ocasiones he tenido la oportunidad de entrar a centros penitenciarios y siempre resultó una situación impactante, sin embargo la última oportunidad que visité la cárcel Modelo con la Universidad Nacional de Colombia, como salida de Derecho Penal General bajo la coordinación del Profesor Dr. Estanislao Escalante, resulto mucho más impactante y a su vez con un gran aporte personal y académico.
La primera sensación que pude percibir, sin haber entrado al centro, fue esa tensión que representaba el hecho de estar rodeado por tantos uniformados y cámaras, la sensación de que todo aquello que haga o pueda hacer va a ser filmado o visto por quienes hacen guardia. Desde ese momento supe que este recorrido iba a ser particular. Ya entrando a la cárcel, la sensación de restricción es total, los medios de control son evidentes y la imponencia de un encause de conducta es expreso. Las requisas y búsquedas de elementos no permitidos generan cierta inseguridad a pesar de que se esté con la convicción clara de que no se porta ninguno, el ambiente mismo previo a entrar a los módulos hicieron que dudara de hasta lo que llevaba conmigo.

Luego de tres controles de seguridad, con su respectivo procedimiento individual y sellos que corroboran la visita pedagógica, la ansiedad se hico más notoria en el grupo, el cual presentaba una incertidumbre rezagada generalizada; procedimos a entrar al primer patio correspondiente a los delitos comunes como hurto y porte y tráfico de estupefacientes. A las puertas la expectativa era evidente, unos mostrando cierto recelo a lo que pudiese encontrar, otros con una “valentía” ávida. Al entrar, el ambiente cambio, se sintió cierta pesadez en el espacio y el grupo quedo simplemente anonadado guiado por la curiosidad de muchos. Las miradas de los reclusos siguiendo nuestros pasos fueron constantes, el silencio y la prudencia con la que muchos compañeros transitaban por los fríos y oscuros pasillos notaban el asombro del grupo.
A lo largo del recorrido la tensión se fue dispersando un poco, sin embargo las sensaciones de reclusión y densidad seguían permanentes, en algunos lugares más que en otros. En el cambio de módulo, al de delitos sexuales la sensación se intensificó. El momento en que fuimos ‘encerrados’ en una de las celdas de cuatro metros por tres fue crítico. Fue de los momentos más impactantes del recorrido ya que físicamente sentí la aprensión, el hacinamiento, el deseo de libertad; todos los elementos que nos rodeaban exponían el deseo de salir, de hacer otras cosas que la rutina diaria e incluso algunas muestras de arrepentimiento; el olor, el color de las paredes, la compañía de los reclusos me permitieron al menos imaginar con una mayor cercanía lo que los presos sienten todos los días. Comencé a pensar de las posibilidades que alguien fuese inocente y se encontrara en dicho establecimiento bajo esas condiciones, e incluso si alguien culpable merecía estar así; traté de imaginarme las sensaciones de cada caso, la percepción hacia el sistema, hacia la sociedad, hacia quienes se encontraban en libertad.

Ya terminando el recorrido puedo concretar y determinar tres diferentes grupos de reclusos i) quienes luchaban por su condición de inocentes, ii) aquellos que se trataban de victimizar por la situación y iii) quienes eran conscientes de sus actos. De cada uno se desprendían muchas variantes sin embargo solo corresponden a especulaciones propias.

Saliendo del recito creo que fue unificada el intento por asimilar cómo una persona que se encontró privada de la libertad dos, tres y hasta más años puede llegar a sentir cuando sale y adquiere de nuevo su libertad, poder sentirla, ver otro paisaje diferente al visto por tantos años pero también saber las dificultades para que la sociedad acepte que algún día la persona cometió un error, error que ya pago y que la justicia lo reconoce. 

Es frustrante que muchas veces, tanto en el ámbito del derecho como en el social, nos olvidemos de las personas que se encuentran recluidas, y sobre todo que no se les trate como tal y que más bien sean consideradas como un estorbo social. Es imperativo una reconceptualización del sistema de penas, en principio el sistema carcelario para que sea consecuente tanto con el ordenamiento como con la concepción humana de las personas. El desarrollo verdadero de una sociedad no parte de la explotación económica, del producto de la industria, el trabajo humano y los recursos naturales; el verdadero desarrollo de una sociedad, para todos los ámbitos, es el reconocimiento del valor igualitario de todos los miembros de dicha sociedad y del trato realmente humano de todos ellos.